MANIFIESTO A LA NACIÓN DE LA JUNTA
MILITAR DE GOBIERNO
PRESIDIDA POR EL GENERAL MANUEL M.
PONCE,
25 DE AGOSTO DE 19301
Los mandatos imperiosos de la opinión pública para el
restablecimiento de la normalidad en la administración nacional y para poner
término a la crisis económica que aflige al país en forma que afecta toda sus
energías y que es la consecuencia de la relajación política en que se ha
desenvuelto el gobierno que acaba de terminar, el Ejército y la Marina
nacionales han respondido patrióticamente al llamamiento que se les hizo para
remediar la situación de inquietud y de incertidumbre reinante y han
constituido la Junta Militar de Gobierno, que después de recibir la dimisión
del Presidente Leguía, se ha encargado de la reorganización de la estructura
política del país y del manejo de los asuntos públicos.
Al aceptar esa tarea tan trascendental como impostergable, la
Junta considera que su misión es de carácter transitorio y esencialmente
nacionalista, desligada de todo compromiso de círculo y de partido y orientada
únicamente al servicio de los grandes intereses de la patria. Para llenar ese
alto cometido, la Junta comenzó por exigir y obtener la renuncia de don Augusto
B. Leguía de la Presidencia de la República, que ha ejercido durante once años
en forma que ha comprometido los elementos vitales del Perú y se prepara a
desarrollar su acción con la energía necesaria para reparar, en lo posible, los
males hechos, prevenir los que pudiera derivarse de la acción disolvente del
régimen que ha cesado y establecer para el porvenir una saludable advertencia
que suprima el estímulo de la impunidad en el ánimo de los que no se sientan
detenidos en el camino de sus concupiscencias por el freno del patriotismo y de
la honradez.
La voluntad popular falseada inescrupulosamente en tres
elecciones que llevaron al Congreso el mismo personal de la camarilla
dominante, tendrá en la Junta Militar las más amplias garantías para la
libertad y pureza del voto. El Perú será llamado en breve a elegir sus
Representantes para una Asamblea Nacional que reforme la defectuosa
Constitución de 1920 y asegure el estricto cumplimiento de la nueva
Constitución que se dicte; suprimirá la conscripción vial como medio de
corregir de inmediato los graves abusos que a su sombra se han cometido;
cumplirá estrictamente los tratados internacionales que ligan al Perú con los
países extranjeros; respetará las obligaciones económicas legalmente contraídas
en el interior y en el exterior; atenderá preferentemente a la conservación del
orden público, para lo que cuenta con los elementos y la voluntad enérgica que
son necesarios; dará toda clase de garantías para el ejercicio de las
industrias y del comercio permitidos por la moral y por las leyes; suprimirá
los monopolios odiosos, como el de los fósforos y el de la provisión de carnes,
indemnizando en justicia los derechos adquiridos que puedan resultar afectados;
restablecerá la estricta prohibición del juego, que en la forma más corruptora
hizo revivir el gobierno que ha terminado; asegurará de manera irrestricta la
libertad de prensa; dejará libres a las grandes industrias del país que, como
la azucarera, se han arruinado en parte por el efecto de una fiscalización
despiadada; se opondrá a los monopolios que conduzcan al encarecimiento de la
vida que tan dura se hace para el pueblo; mantendrá el
1 El
Comercio, 26 de agosto de 1930.
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